SemMéxico. Cd. de México. 18 de abril de 2017.- La Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género de la Cámara de Diputados busca que la minuta sobre violencia política proveniente del Senado de la República se dictamine a favor, con lo cual “la violencia política contra las mujeres se considerará un delito que se castigaría de dos a seis años de prisión como la pena más alta, pudiéndose duplicar si existen agravantes”. Con este objetivo, la Comisión reunirá las opiniones de distintas instancias electorales en el foro titulado “Democracia sin violencia de género”, que llevará a cabo mañana miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el cual recabarán opiniones de especialistas para que el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe la minuta.

Fue el pasado 9 de marzo cuando el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a cinco leyes federales, para que la violencia política en razón de género quede plasmada y sea sancionada por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de Delitos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este dictamen del Senado de la República fue enviado para su análisis y votación a la Cámara de Diputados, quien en sesión del 14 de marzo turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Igualdad de Género para su dictaminación. Por ello, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, presidida por la diputada Maricela Contreras Julián, acordó en su reunión del 28 de marzo solicitar ampliar la minuta sobre violencia política y dirigirla a las comisiones dictaminadoras, que tendrán que analizar esta opinión. Por lo tanto, la Comisión Especial busca recabar opiniones de expertas y expertos para que la Cámara de Diputados apruebe la minuta de referencia, por medio de dicho foro a realizarse este miércoles 19 de abril, en el Auditorio Heriberto Castillo, Edificio B, a partir de las 9:30 horas.

En el foro participarán Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres México; Santiago Nieto Castillo, fiscal Especializado para la Atención de los Delitos Electorales de la PGR; Mónica Maccise Duayhe, titular de la Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Nacional Electoral; Paula Adriana Soto Maldonado, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres; entre otras.

“De aprobarse la minuta de referencia, la violencia política en razón de género quedaría plasmada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como aquellas acciones y omisiones que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”, señaló Maricela Contreras en un comunicado.

Ante un contexto electoral, ya que en junio de este año se llevarán a cabo elecciones en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, donde se elegirán tres gubernaturas, 55 diputaciones y 260 ayuntamientos, las mujeres se encuentran en desventaja a los puestos de elección popular, “este es el panorama que torna urgente el dictamen en sentido positivo, pues de aprobarse se establecerían penas de dos a seis años de prisión, o el doble en caso de agravantes, en la Ley General de Delitos en Materia Electoral”, acotó la legisladora perredista.

Además, destacó que, en cifras de casos de violencia política en contra de las mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) reportó 38 casos en el proceso electoral de 2015 ubicados en los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco.

De igual forma, en el año 2016 la FEPADE registró de 103 casos de violencia política en razón de género cometidos principalmente en el marco de los procesos locales ordinarios y extraordinarios.

Finalmente, recordó los casos emblemáticos de violencia política en México como el de Eufrosina Cruz, indígena de Oaxaca que ganó la presidencia municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca en 2007, pero no se aceptó su nombramiento debido a su género. En Chiapas, la entonces candidata panista a la alcaldía de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, fue golpeada brutalmente por participar en la contienda, el 11 de julio de 2015. En Guerrero en marzo de 2015, Aída Nava, fue hallada decapitada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político; así como a la presidenta Municipal de Temixco, Gisela Mota, quien a horas de haber asumido el cargo fue cobardemente asesinada.