La paridad como obligación de los partidos políticos de postular igual número de mujeres y hombres en candidaturas a cargos de elección sugiere una transformación sociocultural porque muestra que mujeres y hombres pueden, y deben, acceder al poder político.

Esta es una de las conclusiones de Flor Angeli Vieyra Vázquez, maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco e investigadora en participación política femenina, quien realizó un análisis sobre la paridad de género en la integración de la actual Legislatura de la Cámara de Diputados (2015-2018).

En su investigación titulada “Claroscuros de la paridad en la LXIII Legislatura: De los cambios cuantitativos al ejercicio legislativo”, la investigadora señaló que las elecciones efectuadas el 7 de junio de 2015 son trascendentales porque pusieron a prueba la reforma político electoral aprobada en 2014 y el principio de paridad de género.

Al participar en el Congreso Internacional de Estudios Electorales “Los Desafíos Globales de la Gobernanza Electoral” que se realizó en agosto en la Ciudad de México, la investigadora expuso que tras la elección de 2015 hubo un incremento considerable de diputadas federales en comparación con la última cuota de género que era de 60-40.  

La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados (2012-2015) se integró por 315 hombres y 185 mujeres. Ellas representaban 37 por ciento pero tras las elecciones federales de 2015 y con la puesta en práctica de la paridad, la LXIII Legislatura se conformó por 287 hombres y 213 mujeres, 42.6  por ciento de participación femenina.

En términos reales, expuso Vieyra Vázquez, hubo 28 legisladoras más.

Al analizar las cifras, la investigadora encontró que en la LXII Legislatura 91 mujeres ganaron por voto directo (mayoría relativa) mientras que en la LXIII Legislatura 118 resultaron electas por este principio. Aunque es un avance, los hombres siguen obteniendo más curules por voto directo de la ciudadanía. En 2015 fueron electos 182 varones por este principio.

“El incremento (de mujeres) por medio de este principio es muy importante porque muestra los pequeños, pero significativos avances de la paridad electoral: revela una mayor eficacia para que los partidos políticos cumplan con la obligatoriedad de garantizar la paridad en las candidaturas”, dijo en su análisis.

Para la especialista, una posible respuesta de que los varones sigan obteniendo más cargos por el principio de mayoría relativa es que los partidos colocan a las candidatas en distritos donde si bien no tienen los porcentajes de votación más bajos, como lo prohíbe la Ley General de Partidos Políticos, tampoco son lugares con posibilidades reales de triunfo.

En lo que refiere al principio de representación proporcional (o pluris). En la Legislatura anterior (LXII) 94 mujeres ganaron por este principio, mientras que en la Legislatura actual aumentó a 95 legisladoras. Aquí los números son más parejos porque la Ley electoral establece la alternancia entre hombres y mujeres en las listas plurinominales.

Ante esto, Vieyra Vázquez dijo que los partidos políticos siguen encontrando cómo priorizar los lugares en la Cámara para los hombres, incluso, los partidos pequeños que pueden asegurar 1 o 3 lugares en cada circunscripción favorecerán la presencia masculina.

No obstante, a pesar de los desafíos que aún faltan por librar, para la especialista lo cierto es que la obligatoriedad de la paridad electoral afecta la asignación de curules en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, existe un impacto en el sistema electoral y una transformación sociocultural.

A cuatro días del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la reproducción de la discriminación y la violencia política de género.

Al participar en el primer encuentro regional para la sensibilización a medios de comunicación “Comunicar para la igualdad: Los medios como constructores de una cultura de la paz”, el consejero señaló que los medios de comunicación tienen un papel clave para erradicar la propaganda electoral discriminatoria y fomentar un voto informado.

Córdova dijo que los medios deben fomentar una concepción igualitaria de las personas y dejar de ser reproductores y creadores de estereotipos. “Estoy convencido que el fortalecimiento de la democracia requiere la adopción de estrategias que promuevan la inclusión, la libertad de expresión y que garanticen que las contiendas se desenvuelvan en un contexto de equidad”, dijo.

En materia electoral, recordó el funcionario, partidos políticos y legisladores han reconocido la influencia de los medios de comunicación y por ello en 2007-2008 se confeccionó un modelo de comunicación política que después de 10 años se ha consolidado como una herramienta para preservar la equidad en las contiendas. Asimismo el INE realiza un monitoreo para revisar que los partidos políticos incluyan un enfoque de género en sus promocionales.

“Es importante, en una sociedad democrática, más que controles, más que restricciones, más que normas que inhiban este tipo de conducta, una auditoría ciudadana; la participación ciudadana y el control y contextos de exigencia informales que desde la sociedad se generan, resulta indispensables para combatir este tipo de conductas”, agregó.

De acuerdo con Córdova, es indispensable que en el próximo proceso electoral, todos los actores involucrados y particularmente la ciudadanía y los medios de comunicación, avancen en términos culturales.

Por su parte, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete, afirmó que la garantía de las mujeres a una vida libre de violencia implica necesariamente acciones desde los medios de comunicación para difundir medidas de prevención y contenidos que coadyuven a erradicarla, además de empoderar a las mujeres y las niñas.

En tanto la representante de ONU Mujeres México, Ana Güezme, enfatizó que el reto consiste en generar un cambio cultural. “México tiene excelentes leyes y programas, pero hay que trabajar en un cambio cultural y civilizatorio, para el cual los medios deben ser aliados”.

En el encuentro que se realizó este lunes y martes especialistas y representantes de los medios de información discuten el papel de los medios en la promoción de una cultura de equidad, entre ellos, el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Amadeo Díaz Moguel; y el subdirector general de Comunicación e Información en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Frank La Rue.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) implementará un protocolo interno para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en razón de género tanto al interior, como al exterior del partido, por lo que llamó a los demás partidos a realizar lo mismo.

En un comunicado, la Secretaria Nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, informó que su partido tendrá Cero Tolerancia a la violencia política contra las mujeres, y rechazó todas las conductas que impliquen discriminación y violencia política, por lo que el Protocolo, deberá ser aplicado por el Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Estatales y Municipales, así como a todos sus órganos autónomos, en el proceso electoral que se avecina.

Con este protocolo se mandata a todos los grupos parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las legislaturas de los estados a priorizar en sus agendas legislativas la erradicación de la violencia política de género toda vez que ésta obstaculiza el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Claudia Castello Rebollar, hizo un llamado respetuoso a que los demás partidos políticos adopten medidas para sancionar esta violencia  ya que se presenta los partidos políticos.

El Protocolo plantea “sancionar toda acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga como finalidad o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público, conducta que puede ser realizada en forma directa o a través de terceros”.

Detalla una lista de conductas sancionables por violencia política contra las mujeres afiliadas al Partido en su calidad de aspirantes, precandidatas o candidatas a un cargo de elección popular o partidario, candidatas externas, candidatas electas, representantes populares o dirigentes.

Entre las sanciones propuestas, destacan la suspensión de derechos partidarios, destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido, inhabilitación para ser registrarse a candidaturas a cargos de elección popular, la negativa o cancelación de su registro en precandidaturas, hasta la expulsión.

El Protocolo precisa que las y los perredistas y sus equipos se abstendrán de recurrir a mensajes sexistas para descalificar a candidatas de otros partidos con base en estereotipos de género, así

como de ejercer cualquier tipo de violencia política en su contra, haciendo extensivo este compromiso de respeto y no agresión a las mujeres que se desempeñen como autoridades, legisladoras, o funcionarias emanadas de otros partidos políticos.

Cimacnoticias | Ciudad de México .- 28/08/2017 El proceso electoral de 2018 será la segunda gran elección federal en México donde se aplicará el principio de paridad de género (50-50) en candidaturas por lo que una de las preocupaciones de las autoridades electorales es que los partidos cumplan con esta obligación. 
 
Así lo consideró la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Gabriela Williams Salazar, tras participar en la asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) que se realizó la semana pasada durante el congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee).
 
El próximo año habrá elección federal para renovar la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 28 senadurías y además se realizarán 30 elecciones locales por lo que las integrantes de AMCEE expusieron los retos de los organismos locales electorales de cara a los próximos comicios.
 
La consejera Williams Salazar destacó que uno de los retos será la violencia política de género que no está legislada a nivel federal y por tanto no es un delito electoral así como el cumplimiento de la paridad de género, en particular en los estados donde exista una confrontación con el mecanismo de reelección.
 
Ante estos retos, la consejera electoral señaló la necesidad de diseñar una estrategia entre los institutos electorales para observar las acciones que cada institución está haciendo para dar seguimiento a las obligaciones de los partidos políticos, en particular la de reservar la mitad de sus postulaciones para las mujeres.
 
Uno de los temas que llama la atención de las consejeras es que en otros comicios las candidatas que resultan triunfadoras no siempre ejercen el cargo. “Nos dimos cuenta que existen candidaturas de personas que han accedido al cargo pero quienes toman las decisiones son otras personas, hombres. Ese tipo de seguimiento no se está dando por autoridades locales ni nacionales”, dijo. 
 
Aun no hay una estrategia definida por la AMCEE en el proceso electoral, que comienza el 8 de septiembre, pero la mayoría de las integrantes considera que tendrán que vigilar el cumplimiento de la paridad y los partidos políticos deberán plantear sus reglas internas para que este principio no se contraponga con la reelección para diputaciones o ayuntamientos.
 
Asimismo, expuso la consejera Williams Salazar, preocupa que todavía haya casos en donde los partidos no postulan a militantes por lo que esperan que para 2018 haya liderazgos femeninos quienes ocupen las postulaciones y los escaños ya que en la Ciudad de México los partidos deben destinar 5 por ciento de su financiamiento para capacitar y fortalecer a las mujeres políticas.
 
VIOLENCIA POLÍTICA
 
El pasado 17 de agosto el pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar el Artículo 27, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México que establecía las causales de nulidadde una elección, entre ellas la violencia política de género.
 
Al respecto la consejera Gabriela Williams dijo que el Instituto Electoral local planteó a los partidos políticos de la capital la necesidad de que normen de manera interna la violencia política como una forma de prevención y porque este fenómeno se da principalmente al interior de las agrupaciones políticas.
 
“Lo ideal es que los partidos también empiecen a ejercer conciencia de incorporar a las mujeres en puestos decisión clave porque si no es complicado que las mujeres estén empoderadas”, concluyó.
  

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017 Descalificaciones, amenazas, intromisión en la vida privada y agresiones físicas serán los principales obstáculos que enfrentarán aquellas mujeres que en los comicios de 2018 se postulen, por un partido político o por la vía independiente, para competir por uno de los 3 mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se elegirán en todo el país.
 
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser electas se prevé que las candidatas se topen con acciones que hoy se conocen como violencia política de género, un concepto cada vez más reconocido en las leyes estatales aunque todavía ausente en las leyes que a nivel federal regulan las elecciones y previenen la violencia de género.          
 
Hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral.  
 
Además, de acuerdo con información obtenida a través de la revisión parlamentaria de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia, lo que indica que en 2018 las mujeres que compitan en estos estados podrían hacer uso de estas leyes en caso de ser víctimas de violencia en contextos político-electorales.
 
RUMBO A 2018
 
El próximo año en México habrá elecciones para elegir Presidente de la República y 3 mil 326 cargos: 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas (incluyendo Jefatura de Gobierno en la capital), 984 diputaciones locales, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México (antes Jefaturas delegacionales), 24 juntas municipales en Campeche y 67 sindicaturas en Chihuahua.
 
En las próximas elecciones habrá una gran cantidad de mujeres haciendo campaña para obtener el triunfo en las urnas, gracias a la reforma aprobada en 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, es decir, la responsabilidad de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a los cargos electivos.
 
La paridad cumple el objetivo de llevar más mujeres a la competencia electoral y que más de ellas tengan posibilidad de llegar al poder, como se comprobó en los comicios de 2015 cuando fueron electas 212 mujeres, lo que representa 42.6 por ciento de los 500 legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Sin embargo, agrupaciones ciudadanas como la Red Mujeres en Plural, la Asamblea Política Nacional de Mujeres Indígenas y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas llamaron la atención sobre la violencia y explicaron que un mayor número de ciudadanas compitiendo por obtener cargos implicaba más violencia hacia ellas en razón de su género.
 
HERRAMIENTAS A FAVOR
 
Con 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) crearon un protocolo de atención para estos casos.
 
En marzo de 2016 las autoridades electorales presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que, ante la falta de una legislación, establece la coordinación entre las dependencias y una ruta para atender las denuncias que surgen durante todo el proceso, desde las precampañas, las campañas, la jornada electoral y hasta que las mujeres ejercen las funciones para las que fueron electas.
 
Como el fenómeno no es exclusivo de México, en octubre de 2016 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.
 
Este documento se creó como una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, al considerar que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”.
 
SIN LEGISLACIÓN FEDERAL
 
En marzo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
En la Cámara baja la reforma fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia. Sin embargo sólo la Comisión de Gobernación aprobó la minuta, el pasado 25 de abril.
 
Por esta razón la legislación en la materia sigue pendiente a nivel federal, a pesar de que en marzo los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación.
 
ESTADOS QUE YA LEGISLARON
 
Aun con la ausencia de las reformas en las leyes generales, los estados han legislado en la materia. Es el caso del Congreso de Morelos que el 7 de marzo reformó su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.
 
La ley electoral de esta entidad señala que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión que “basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Recientemente, el 6 de junio, el Congreso de Campeche aprobó incluir el término en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal; además este concepto ya estaba en su Ley de Acceso local que en el Artículo 5 dice que violencia política es “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
 
En Aguascalientes, el 29 de mayo de este año se publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Código Electoral para definir este concepto en el Artículo 2, fracción XVII y modificar los Artículos 58 y 68 para que los partidos políticos establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar esta violencia.
 
Meses después, el pasado 8 de junio el Congreso local aprobó reformar diversos Artículos, entre ellos el 16, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Aguascalientes, con el objeto de definir la violencia política de género y especificar esquemas de protección de los derechos electorales de las mujeres.
 
En algunas entidades se discutieron y aprobaron reformas en la materia pero no han sido publicadas o no están disponibles en el catálogo de Legislación estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni en el listado de reformas electorales del TEPJF.
 
De acuerdo con el Artículo 105 de la Constitucional federal, las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso federal inicia en el mes de septiembre de 2017 por lo que las reformas en materia de violencia política en los estados restantes no se aprobaron en el tiempo establecido para su aplicación.

Las Consejeras del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina Vásquez Muñoz, participaron con una charla sobre la “Violencia política contras las mujeres”.

Al evento asistieron personal de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), del Servicio Nacional de Empleo, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) y de Organizaciones Sindicales.

En su intervención, la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE, Eva Barrientos Zepeda, explicó que hay veces que no se denuncia por educación, desconocimiento, miedo, amenazas, silencio o porque no hay instancias en los partidos.

Por ello exhortó a las y los presentes evitar la discriminación y no quedarse callados ante la violencia y defenderse.

Tocó el turno de la Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del órgano local comicial, Tania Celina Vásquez Muñoz quien afirmó que “lo que se denuncia, se exhibe” y en ese renglón es importante la participación ciudadana para ser agentes de cambio.

Destacó los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA 2017-2013) que son la Verdad, Diálogo y Exigencia para reconstruir el tejido social, involucrarse en la toma de decisiones para que hombres y mujeres sean partícipes en el fortalecimiento de la cultura democrática.

Los presentes en el auditorio de la STPSP interactuaron con las ponentes quienes despejaron dudas sobre el tema de violencia de género y posteriormente autoridades de la dependencia estatal hicieron entrega de reconocimientos a las Consejeras del OPLE por su participación.

El 16 de mayo cuando se formalizará el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas

* Hasta este momento existen 15 Observatorios de Participación Política.

Semmexico, Benny Cruz Zapata

SemMéxico. Tamaulipas. 3 de mayo de 217.- Al asistir a la presentación de la Plataforma en Línea de cursos en línea que oferta el Instituto Nacional de Mujeres, la maestra Paula Adriana Soto Maldonado señaló que falta avanzar en la perspectiva de género en la parte jurídica, donde hasta el momento no está reconocida la violencia política contra las mujeres.

La Directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de Mujeres, sostuvo que el objetivo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, a formalizarse el 16 de mayo, es coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público del país.

Mencionó que hasta este momento existen 15 Observatorios de Participación Política, de 32 que se pretende formalizar a finales de agosto, que garantizarán el cumplimiento de la paridad de género, incorporado en la Constitución Política.

La maestra Soto Maldonado dijo que se requiere cambiar el sistema político, pues actualmente a las mujeres se les sigue exigiendo mejores valores y formas de ejercer el poder, pero no se les califica con la misma regla que a los hombres.

La consejera María de los Ángeles Quintero Rentería, Presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género, mencionó que en Tamaulipas se ha avanzado en materia de participación política de las mujeres a raíz del principio de paridad.

Reconoció en los medios de comunicación la importancia, como una pieza fundamental para erradicar estas malas prácticas de violencia política y los estereotipos para ser un factor de cambio.

La Presidenta de la Comisión Especial de Igual de Género del IETAM, adelantó que será el próximo martes 16 de mayo cuando se habrá de formalizar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas.

A este evento, asistieron la magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Marcia Laura Garza Robles, Elsy Arely Acosta Mendiola, Directora Jurídica del Instituto de la Mujer Tamaulipas.

En la presentación de la plataforma de cursos en línea que oferta el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), estuvieron presentes además, las Consejeras Electorales del IETAM, representantes de partidos y personal del Instituto Electoral de Tamaulipas.