Con el objetivo de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia, el Congreso local aprobó por mayoría la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz.

Dentro de esta ley se contempla la creación la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que será dirigida por una persona a nombrar a la brevedad, que se encargará de manejar un fondo de ayuda para las víctimas de un delito que lo requieran.

Tal instancia estará obligada a establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral.

La ley señala que se debe asegurar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; así como establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; generar las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

Destaca la actuación del Asesor Jurídico Estatal, como mecanismo para hacer valer los derechos de las víctimas y la cobertura de todos los procedimientos derivados de un hecho victimizante.

Reconoce como grupo vulnerable a los migrantes, personas en situación de desplazamiento interno, personas con capacidades diferentes, periodistas y defensores de derechos humanos, la cual establece que las víctimas, en casos urgentes o en aquellos en que las instituciones públicas no puedan brindarles la atención, podrán acudir a la ayuda de instituciones privadas, con cargo al fondo de ayuda correspondiente.

Integra el interés superior de la niñez, como principio rector de los similares que guían los mecanismos, medidas y procedimientos de ley.

La Comisión Ejecutiva será la encargada de otorgar, con cargo al fondo estatal que corresponda los recursos de ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante.

Además, fortalecerá el derecho de las víctimas a contar con un asesor jurídico en los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado o abogada, lo que incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal, situación que en muchas ocasiones le es negado a la víctima.