México, 24 de febrero 2017.- El magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, dijo que el máximo órgano electoral garantiza el acceso paritario de género en la representación política

Clicerio Coello Garcés, Magistrado Presidente de la Sala Regional Especializada, indicó que los principios de no discriminación representan una condición necesaria para el sistema constitucional, pero no son suficientes para lograr la igualdad estructural

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, aseguró que el máximo órgano electoral en México ha garantizado el acceso paritario de género en la representación política, porque las resoluciones que ha alcanzado sobre el tema, tienen “como objetivo certificar la inclusión de las mujeres en la vida política, transformando la igualdad formal en una igualdad materialmente efectiva”.

Al participar en la presentación del libro Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?, de Roberto Saba, el Magistrado de la Sala Superior aseguró que el trabajo y compromiso realizados por el TEPJF en relación con la defensa de grupos vulnerables, también se ha extendido a los pueblos y comunidades indígenas.

“A manera de ejemplo podríamos platicar diversos casos que se han presentado ante la jurisdicción electoral, pero por su puesto los más importantes son los casos que ha trabajado el Tribunal en materia de uso y costumbres indígenas, en donde con claridad, constantemente ha hecho progresividad respecto del artículo 2º antiguamente, ahora el 4º de la Constitución”, aseveró.

Al referirse a la obra, De la Mata Pizaña afirmó que hoy más que nunca se observan los estragos de una sociedad desigual, por lo que el libro de Saba resulta pertinente, porque “trata de incitar al lector a realizar un análisis profundo del derecho humano constitucional, universal y convencional que representa la igualdad y la relación existente entre el Estado y los grupos desaventajados”.

“El autor busca ante la provocación de los términos encontrar lo que él mismo denomina lo sospechoso de las categorías sospechosas, desde el principio de no discriminación al nombrar algunas categorías del principio de igualdad referentes al sexo, raza, nacionalidad y discapacidad, entre otras”, detalló el Magistrado durante el evento que se llevó a cabo en el auditorio José Luis de la Peza del TEPJF.

El Magistrado Presidente de la Sala Regional Especializada, Clicerio Coello Garcés, dijo que los principios de no discriminación están en todos los órdenes constitucionales, porque son una condición necesaria para el sistema constitucional, pero son insuficientes para lograr la igualdad estructural. Indicó que el tema a dilucidar es el método interpretativo, es decir, cómo se resuelven los casos cuando se está frente a grupos desaventajados y cuando existe la posibilidad de mejorar las condiciones estructurales.

“Cuando estamos frente a casos en materia electoral de ejercicio de los derechos políticos de grupos en condiciones de vulnerabilidad, como lo son las personas con alguna discapacidad, las comunidades o grupos indígenas e, incluso, los mexicanos en el extranjero, podemos optar por un método interpretativo del principio de igualdad a partir de la no discriminación o podemos hacer un análisis estructural para ir reduciendo las desventajas históricas que determinados grupos tienen”, puntualizó.

Roberto Saba, Doctor en Derecho por la Universidad de Yale y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina, dijo que hay grupos en la sociedad que se encuentran sistemáticamente excluidos de ámbitos relevantes de la vida social o individual, destacando los que comparten alguna condición, como las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad o los inmigrantes, que enfrentan sistemáticamente desventajas.

“El Estado lo que le debía a las personas era tratarlas de un modo no arbitrario, que no sea irrazonable al tratarlas que, si le reconoce a una persona un derecho, se lo reconozca también a otra que está en situación similar: igualdad de trato en igualdad de circunstancias”, señaló.

Expresó que, sin embargo, un Estado que haga sus mejores esfuerzos, puede generar efectos y situaciones en las cuales estos grupos continúan siendo excluidos de ámbitos relevantes de la vida social o individual”, aseveró el autor del libro.

Carlos Alberto Soriano Cienfuegos, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, indicó que en el libro se propone una reformulación del principio de igualdad que permita a este trascender su mera asociación con la prohibición del trato arbitrario hacia las personas, “que pese a ser importante no cumple con el objetivo que el constitucionalismo contemporáneo le asigna, que es tener un carácter emancipador respecto de situaciones desigualitarias que derivan de la estructura económica y social”.

Rodolfo Vázquez Cardoso, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), aseveró que el principio de no discriminación o de no arbitrariedad responde al ideal básico de igualdad de trato ante la ley, libre de caprichos, arbitrariedades o prejuicios por parte del Estado, ya que “esta igualdad formal supone listar a priori categorías prohibidas o contrarias al principio de igualdad, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, nacimiento o cualquier otra condición social”.

María del Carmen Alanis, Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el Tribunal Electoral (federal) estamos viviendo momentos históricos y creando precedentes muy importantes en materia de violencia política. Voy a referirme a dos casos que ocurrieron en Chiapas: el de Rosa Pérez, presidenta municipal de San Pedro Chenalhó (SUP-JDC-1654/2016) y el de María Gloria Sánchez, de Oxchuc (SUP-JDC-1690/2016).

En ambos casos, se trata de mujeres indígenas, electas como presidentas municipales bajo un sistema mixto de partidos y sistemas normativos, que fueron arrancadas de sus puestos por medio de violencia política. En el caso de Rosa Pérez —primera mujer en ocupar la presidencia municipal en Chenalhó— se trató de violencia política de género, en el de María Gloría Sánchez, de violencia social. Ambas, amenazadas y violentadas para renunciar al cargo.

El aporte de la Sala Superior fue el juzgamiento con perspectiva intercultural y de género. Las sentencias dejan muy claro que es posible una solución apegada a los sistemas normativos internos, a la democracia y a los derechos humanos de las mujeres, y que la violencia no es la vía para resolver los problemas derivados del desempeño de las autoridades.

El más alto tribunal electoral del país restituyó a las presidentas municipales en sus cargos, ya que no puede avalar que con violencia se arrebaten puestos de elección popular y, mucho menos, por cuestiones de género —como en el caso de Rosa Pérez. No puede ni debe validar que inconformes, haciendo uso de la violencia, quiten del cargo a quienes lo habían obtenido gracias al voto. No puede permitir intentos de las autoridades locales por legitimar este tipo de acciones.

El caso de Chenalhó es histórico, además, porque fue la primera vez que un órgano jurisdiccional electoral solicitó la colaboración de las autoridades federales y locales para que le fueran otorgadas, a la víctima y otras personas afectadas, órdenes de protección.

Una sentencia no resuelve por sí sola problemas estructurales de discriminación, desigualdad y violencia dentro de las comunidades. Ello requiere la colaboración institucional. Nosotros hemos hecho nuestra labor, incluso, muchas aristas de los casos excedían nuestra competencia (seguridad en el estado y desplazamiento de personas a causa de los conflictos).

Como tribunal constitucional electoral, hemos hecho nuestro trabajo: restituimos en su cargo a las presidentas municipales que fueron arrancadas de ellos por medio de violencia e ilegalidad y hemos generado precedentes valiosos. La resolución mandata que un resumen de las sentencias sea traducido y difundido. Asimismo, que las autoridades locales y municipales lleven a cabo las acciones necesarias para ejecutar las sentencias. Así, es tarea de las autoridades locales lograr la implementación de las sentencias y trabajar en las transformaciones necesarias para que hechos como estos no vuelvan a repetirse. Lamentablemente, al día de hoy, es poco lo que han avanzado para ello.

Un precedente de protección de los derechos de las mujeres, implica una víctima, una mujer que luchó por acceder a la justicia abriendo camino a otras. Ojalá no tuviéramos casos. Lo cierto es que los hay y debemos resolverlos. La Sala Superior ha fijado un estándar que servirá como parámetro para los que se presenten en un futuro, ojalá que no sea ninguno.

No queremos más Rosas Pérez ni Glorías Sánchez. Queremos presidentas municipales, regidoras, síndicas… mujeres ejerciendo sus cargos libres de violencia y de discriminación, de lo contrario ¿de qué sirve la paridad? ¿Para qué la lucha por incorporar a las mujeres en los espacios de deliberación y toma de decisiones?

México.- El Senado de la República exhortó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar, consignar y, en su caso, ejercitar la acción penal correspondiente para los casos de violencia política en contra de mujeres en las entidades federativas.

Además llamó a los Organismos Públicos Locales a implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres, realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

A los Tribunales Electorales estatales, les solicitó establecer protocolos para atender la violencia política contra las mujeres, tomando en su caso como referente, dicho Protocolo.

En el dictamen se expone que con la finalidad de hacer realidad los derechos políticos de las mujeres, el TEPJF, en conjunto con INE, la Fepade, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Inmujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) crearon un protocolo por el que se establecen acciones frente a casos de violencia política contra las mujeres titulado «Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres».

Con este Protocolo se pretende orientar a las instituciones sobre situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia. Además, responde a la necesidad de contar con lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas.

Sobre este dictamen, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, precisó la violencia política contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que traen como resultado la violación de los derechos humanos y sus libertades fundamentales.

Agregó que a pesar de los avances en los últimos años en cuanto al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, continúa siendo un problema insertado estructuralmente, reflejo de la discriminación y los estereotipos.

La legisladora indicó que sufrió violencia de género, siendo candidata a la gubernatura de Tlaxcala, donde fue objeto de amenazas, intimidaciones, insultos y agresiones que menoscabaron incluso la dignidad de mi familia y colaboradores cercanos.

A pesar de que la Fepade le reconoció víctima de violencia de género, nada importó a quienes sancionaron el proceso electoral; sino todo lo contrario, emitieron una resolución faltando tiempo para que vencieran los términos legales para que yo me inconformara con un proceso; como vemos, nuevamente se me desestimó como mujer, apuntó.

Aunque la violencia política sigue imperando en el contexto político de Veracruz pese al trabajo realizado por las instituciones, la mujer debe de hacer valer las leyes que existen en esta materia para evitar dicha problemática.

De acuerdo con el presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Manuel Sánchez Macías, algunas fuerzas políticas pueden ver a las mujeres «en un segundo plano», por ello es indispensable que ellas no permitan que las dejen en esa posición.

«Debemos predicar con el ejemplo. Tenemos mucho que hacer, los partidos políticos, la autoridades, la ciudadanía y la misma mujer\», subrayó.

Por esta razón, Sánchez Macías exhortó a los partidos políticos y a la sociedad en general para que en las próximas elecciones se respete el derecho de este género para participar públicamente en los procesos, pero también que al mismo tiempo sean ellas quienes hagan valer su condición en caso de que las quieran minimizar.

En entrevista previa a la presentación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, recordó que actualmente existe un marco constitucional que establece la igualdad entre el hombre y la mujer, lo que significa un avance significativo en la materia.

«Ahorita no se ha presentado en el caso de Veracruz una situación ante nosotros en materia electoral de violencia política, sí ha habido impugnaciones en cuanto a que sea la mujer la que gane pero sí se puede ver la madurez de la ciudadanía veracruzana de participar y ponderar a la mujer», explicó.

La magistrada del TEPJF María del Carmen Alanis Figueroa participó en el «Coloquio: Paridad de Género y Legislación Electoral en el estado de Guerrero, la agenda pendiente» realizado en Chilpancingo, Guerrero. Foto tomada de @MC_alanis

LA JORNADA BAJA CALIFORNIA, Redacción

Chilpancingo, 12 de agosto.-  Aunque es un avance que existan leyes que establecen la paridad de género en los procesos electorales, es lamentable que la normatividad todavía no se reflejen en integraciones paritarias de los órganos legislativos, judiciales, administrativos y electorales del Estado, reconoció la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis Figueroa.

Con la conferencia magistral “Desafíos en materia legislativa para consolidar la paridad de género en el ámbito local y tipificar la violencia política contra las mujeres”, la magistrada participó en el «Coloquio: Paridad de Género y Legislación Electoral en el estado de Guerrero, la agenda pendiente» realizado en Chilpancingo, Guerrero, con objetivo de analizar los avances en materia de paridad e identificar los principales desafíos de la agenda legislativa local con miras al proceso electoral de 2018.

Durante su participación, la magistrada Alanis Figueroa advirtió que la efectividad de la paridad depende en gran parte de las medidas que se diseñen para instrumentarla, por lo que destacó el papel del Tribunal Electoral, ya que en sus jurisprudencias han determinado que el Estado mexicano debe establecer acciones orientadas a la igualdad sustantiva, así como erradicar situaciones de injusticia, desventaja o discriminación.

Dijo que hacer realidad los derechos político-electorales de las mujeres implica el reconocimiento legislativo concreto de la paridad horizontal y vertical a nivel municipal, así como tomar este tipo de medidas en otras esferas de competencias diferentes a las candidaturas partidistas, como en los órganos judiciales, ejecutivos, autónomos, electorales, es decir, todos aquellos en donde se delibera y se toman decisiones.

Además, enfatizó que la paridad no será efectiva si no se toman acciones para atender la violencia política contra las mujeres. En este sentido, exhortó a las autoridades del estado de Guerrero a ponerse a la vanguardia y sumarse a los cinco estados que tienen legislación en la materia: Baja California, Campeche, Coahuila, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. Incluso invitó a las autoridades a elevar el estándar en la legislación de Guerrero.

Finalmente, consideró que es indispensable diseñar un modelo de acceso a la justicia para las mujeres que sufren violencia política de género. Advirtió que este esquema debe contemplar cuando menos cinco elementos necesarios para legislar en la materia: 1. Enfoque integral que no se base únicamente en respuestas penales; 2. Conceptualización amplia de lo que implica la violencia política y de quienes la cometen; 3. Establecimiento claro de las competencias de las instancias involucradas; 4. Regulación de órdenes de protección; y 5. Establecimiento de acciones para la visibilización y sensibilización sobre el problema.

El evento fue convocado por la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses; Equipos Feministas, A.C.; el Instituto Nacional de las Mujeres y en coordinación con el Congreso del Estado, los órganos electorales locales y el gobierno de Guerrero.

Tipifican en Veracruz delito de violencia política contra mujeres

7 Julio, 2016

Veracruzanos.Info, Iratzé Osorio/

Xalapa, Ver., 7 de julio de 2016.- El pleno del Congreso local validó las modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se tipifica como delito de género la violencia política.

En la sesión ordinaria se validó la modificación que busca garantizar a las mujeres el acceso y ejercicio pleno de sus derechos de participación política.

Se considera violencia política los actos u omisión cometidos en contra de una mujer o sus familias, que le causen un daño físico, psicológico, sexual, económico, o de otra índole, resultado de prejuicios de género que tengan como objeto impedir su participación en campañas políticas, o restringir el ejercicio de un cargo público, o provocarla a tomar decisiones en contra de su voluntad.

Es considerado como violencia política impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos político-electorales, mediante la restricción de recursos, ocultamiento de información, aplicación de sanciones sin motivación y fundamentación, amenazas o amedrentamiento a su persona o familiares.

Así como el postular a mujeres en distritos perdedores, proporcionar de manera dolosa información que induzca al inadecuado uso de sus funciones; asignarle responsabilidades que limiten el ejercicio de su función pública, publicar información.

La secretaria de la Mesa Directiva, Ana Cristina Ledezma dijo que la medida legal es “maravilloso” que se incluya el término, porque muchas mujeres lo han padecido cuando han intentado participar en la política.

“Cuando está al frente de una estructura o un cargo partidista y eres muy insistente en un tema, los hombres dicen que mujer tan pesada, nada más está fregando, pero cuando es un hombre se le reconoce por recto y eficiente”.

Puebla está entre los seis estados que no tienen presencia de mujeres en esas instancias

La integración de mujeres en los Tribunales Electorales Estatales (TEE) es necesaria y permitirá disminuir la violencia política de género, aseguró en entrevista la senadora Lucero Saldaña Pérez.

«Hemos visto que a más participación de las mujeres es obvio que disminuye la violencia política de género, por eso creemos que una integración paritaria en los tribunales pueda ayudar a que el enfoque y perspectiva guarden los principios de igualdad», agregó la senadora.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), mediante un comunicado de prensa, hizo un llamado al Senado de la República para que promueva la paridad de género en los Tribunales Estatales Electorales. Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz no tienen representación de mujeres.

Para el Inmujeres esta situación «se traduce en una enorme desventaja para la consolidación de la paridad electoral, política y social, sabiendo que su perspectiva es fundamental para incidir en la defensa de los derechos político electorales de las mujeres y enfrentar las muchas formas de violencia política de la cual cotidianamente son víctimas las mujeres».

El Inmujeres confió en que los resultados de las próximas designaciones por parte del Senado se conviertan en precedentes de la igualdad, que permitan visibilizar la urgente necesidad de extender el principio de paridad en todos los cargos públicos.

Cuestionada al respecto, Saldaña Pérez expuso que la paridad de género se ha centrado hasta el momento en los congresos, tanto federal como locales, pero hace mucha falta en los gobiernos federal, estatal y municipales.

Destacó asimismo es importante que los órganos que vigilan los procesos electorales también integren a las mujeres.

«Hemos visto que a más participación de las mujeres es obvio que disminuye la violencia política de género, por eso creemos que una integración paritaria en los tribunales pueda ayudar a que el enfoque y perspectiva guarden los principios de igualdad», agregó la senadora.

La legisladora federal poblana dijo que es importante que las mujeres participen en todo el proceso electoral, desde votar hasta emitir sentencias judiciales, y que se  reconozca su  capacidad para ocupar estos cargos.

Por su parte, la diputada local Silvia Tanús comentó que es muy positiva dicha propuesta, pues eso garantiza que las poblanas ocupen puestos de toma de decisiones.

La presidenta de la Comisión de Equidad de Género señaló que si la paridad en los puestos de gobierno no ocurre de manera natural, es importante que se haga de manera institucional.

En diciembre pasado el Senado eligió a Fernando Chevalier Ruanova, Jorge Sánchez Morales y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo como nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

Fueron en total 27 personas las que aspiraron al puesto, entre las cuales destacan las exmagistradas del TEEP Claudia Rodríguez Barbosa y María Luisa Rodríguez Bravo; María Cecilia Guevara Herrera, ex funcionaria del TEPJF; Paola Pérez Bravo Lanz, auxiliar del TEPJF, y Rosalba Velázquez Peñarrieta, ex consejera electoral.