México.- El Senado de la República exhortó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar, consignar y, en su caso, ejercitar la acción penal correspondiente para los casos de violencia política en contra de mujeres en las entidades federativas.
Además llamó a los Organismos Públicos Locales a implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres, realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
A los Tribunales Electorales estatales, les solicitó establecer protocolos para atender la violencia política contra las mujeres, tomando en su caso como referente, dicho Protocolo.
En el dictamen se expone que con la finalidad de hacer realidad los derechos políticos de las mujeres, el TEPJF, en conjunto con INE, la Fepade, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Inmujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) crearon un protocolo por el que se establecen acciones frente a casos de violencia política contra las mujeres titulado «Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres».
Con este Protocolo se pretende orientar a las instituciones sobre situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia. Además, responde a la necesidad de contar con lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas.
Sobre este dictamen, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, precisó la violencia política contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que traen como resultado la violación de los derechos humanos y sus libertades fundamentales.
Agregó que a pesar de los avances en los últimos años en cuanto al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, continúa siendo un problema insertado estructuralmente, reflejo de la discriminación y los estereotipos.
La legisladora indicó que sufrió violencia de género, siendo candidata a la gubernatura de Tlaxcala, donde fue objeto de amenazas, intimidaciones, insultos y agresiones que menoscabaron incluso la dignidad de mi familia y colaboradores cercanos.
A pesar de que la Fepade le reconoció víctima de violencia de género, nada importó a quienes sancionaron el proceso electoral; sino todo lo contrario, emitieron una resolución faltando tiempo para que vencieran los términos legales para que yo me inconformara con un proceso; como vemos, nuevamente se me desestimó como mujer, apuntó.