Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017 Descalificaciones, amenazas, intromisión en la vida privada y agresiones físicas serán los principales obstáculos que enfrentarán aquellas mujeres que en los comicios de 2018 se postulen, por un partido político o por la vía independiente, para competir por uno de los 3 mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se elegirán en todo el país.
 
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser electas se prevé que las candidatas se topen con acciones que hoy se conocen como violencia política de género, un concepto cada vez más reconocido en las leyes estatales aunque todavía ausente en las leyes que a nivel federal regulan las elecciones y previenen la violencia de género.          
 
Hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral.  
 
Además, de acuerdo con información obtenida a través de la revisión parlamentaria de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia, lo que indica que en 2018 las mujeres que compitan en estos estados podrían hacer uso de estas leyes en caso de ser víctimas de violencia en contextos político-electorales.
 
RUMBO A 2018
 
El próximo año en México habrá elecciones para elegir Presidente de la República y 3 mil 326 cargos: 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas (incluyendo Jefatura de Gobierno en la capital), 984 diputaciones locales, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México (antes Jefaturas delegacionales), 24 juntas municipales en Campeche y 67 sindicaturas en Chihuahua.
 
En las próximas elecciones habrá una gran cantidad de mujeres haciendo campaña para obtener el triunfo en las urnas, gracias a la reforma aprobada en 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, es decir, la responsabilidad de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a los cargos electivos.
 
La paridad cumple el objetivo de llevar más mujeres a la competencia electoral y que más de ellas tengan posibilidad de llegar al poder, como se comprobó en los comicios de 2015 cuando fueron electas 212 mujeres, lo que representa 42.6 por ciento de los 500 legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Sin embargo, agrupaciones ciudadanas como la Red Mujeres en Plural, la Asamblea Política Nacional de Mujeres Indígenas y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas llamaron la atención sobre la violencia y explicaron que un mayor número de ciudadanas compitiendo por obtener cargos implicaba más violencia hacia ellas en razón de su género.
 
HERRAMIENTAS A FAVOR
 
Con 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) crearon un protocolo de atención para estos casos.
 
En marzo de 2016 las autoridades electorales presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que, ante la falta de una legislación, establece la coordinación entre las dependencias y una ruta para atender las denuncias que surgen durante todo el proceso, desde las precampañas, las campañas, la jornada electoral y hasta que las mujeres ejercen las funciones para las que fueron electas.
 
Como el fenómeno no es exclusivo de México, en octubre de 2016 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.
 
Este documento se creó como una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, al considerar que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”.
 
SIN LEGISLACIÓN FEDERAL
 
En marzo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
En la Cámara baja la reforma fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia. Sin embargo sólo la Comisión de Gobernación aprobó la minuta, el pasado 25 de abril.
 
Por esta razón la legislación en la materia sigue pendiente a nivel federal, a pesar de que en marzo los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación.
 
ESTADOS QUE YA LEGISLARON
 
Aun con la ausencia de las reformas en las leyes generales, los estados han legislado en la materia. Es el caso del Congreso de Morelos que el 7 de marzo reformó su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.
 
La ley electoral de esta entidad señala que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión que “basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Recientemente, el 6 de junio, el Congreso de Campeche aprobó incluir el término en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal; además este concepto ya estaba en su Ley de Acceso local que en el Artículo 5 dice que violencia política es “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
 
En Aguascalientes, el 29 de mayo de este año se publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Código Electoral para definir este concepto en el Artículo 2, fracción XVII y modificar los Artículos 58 y 68 para que los partidos políticos establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar esta violencia.
 
Meses después, el pasado 8 de junio el Congreso local aprobó reformar diversos Artículos, entre ellos el 16, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Aguascalientes, con el objeto de definir la violencia política de género y especificar esquemas de protección de los derechos electorales de las mujeres.
 
En algunas entidades se discutieron y aprobaron reformas en la materia pero no han sido publicadas o no están disponibles en el catálogo de Legislación estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni en el listado de reformas electorales del TEPJF.
 
De acuerdo con el Artículo 105 de la Constitucional federal, las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso federal inicia en el mes de septiembre de 2017 por lo que las reformas en materia de violencia política en los estados restantes no se aprobaron en el tiempo establecido para su aplicación.

Las Consejeras del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina Vásquez Muñoz, participaron con una charla sobre la “Violencia política contras las mujeres”.

Al evento asistieron personal de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), del Servicio Nacional de Empleo, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) y de Organizaciones Sindicales.

En su intervención, la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE, Eva Barrientos Zepeda, explicó que hay veces que no se denuncia por educación, desconocimiento, miedo, amenazas, silencio o porque no hay instancias en los partidos.

Por ello exhortó a las y los presentes evitar la discriminación y no quedarse callados ante la violencia y defenderse.

Tocó el turno de la Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del órgano local comicial, Tania Celina Vásquez Muñoz quien afirmó que “lo que se denuncia, se exhibe” y en ese renglón es importante la participación ciudadana para ser agentes de cambio.

Destacó los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA 2017-2013) que son la Verdad, Diálogo y Exigencia para reconstruir el tejido social, involucrarse en la toma de decisiones para que hombres y mujeres sean partícipes en el fortalecimiento de la cultura democrática.

Los presentes en el auditorio de la STPSP interactuaron con las ponentes quienes despejaron dudas sobre el tema de violencia de género y posteriormente autoridades de la dependencia estatal hicieron entrega de reconocimientos a las Consejeras del OPLE por su participación.

El 16 de mayo cuando se formalizará el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas

* Hasta este momento existen 15 Observatorios de Participación Política.

Semmexico, Benny Cruz Zapata

SemMéxico. Tamaulipas. 3 de mayo de 217.- Al asistir a la presentación de la Plataforma en Línea de cursos en línea que oferta el Instituto Nacional de Mujeres, la maestra Paula Adriana Soto Maldonado señaló que falta avanzar en la perspectiva de género en la parte jurídica, donde hasta el momento no está reconocida la violencia política contra las mujeres.

La Directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de Mujeres, sostuvo que el objetivo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, a formalizarse el 16 de mayo, es coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público del país.

Mencionó que hasta este momento existen 15 Observatorios de Participación Política, de 32 que se pretende formalizar a finales de agosto, que garantizarán el cumplimiento de la paridad de género, incorporado en la Constitución Política.

La maestra Soto Maldonado dijo que se requiere cambiar el sistema político, pues actualmente a las mujeres se les sigue exigiendo mejores valores y formas de ejercer el poder, pero no se les califica con la misma regla que a los hombres.

La consejera María de los Ángeles Quintero Rentería, Presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género, mencionó que en Tamaulipas se ha avanzado en materia de participación política de las mujeres a raíz del principio de paridad.

Reconoció en los medios de comunicación la importancia, como una pieza fundamental para erradicar estas malas prácticas de violencia política y los estereotipos para ser un factor de cambio.

La Presidenta de la Comisión Especial de Igual de Género del IETAM, adelantó que será el próximo martes 16 de mayo cuando se habrá de formalizar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas.

A este evento, asistieron la magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Marcia Laura Garza Robles, Elsy Arely Acosta Mendiola, Directora Jurídica del Instituto de la Mujer Tamaulipas.

En la presentación de la plataforma de cursos en línea que oferta el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), estuvieron presentes además, las Consejeras Electorales del IETAM, representantes de partidos y personal del Instituto Electoral de Tamaulipas.

El Demócrata, Rogelio Hernández. Xalapa, Ver. La delegada de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), María Eugenia Rodríguez, dijo que en Veracruz hay violencia contra las mujeres en cuanto a la política.

“Tenemos por lo pronto una de violencia política de género que es importante porque en Veracruz sabemos que hay violencia contra las mujeres en cuanto al desarrollo de la política”, dijo la delegada de la Fepade.

Ante la violencia política en las mujeres añadió que estas aún tienen miedo de denunciar, por lo que el hecho que haya una denuncia de este tipo ya no habla de un avance importante, porque eso queremos decir que empieza a rendir frutos la campaña de denuncia en el estado de Veracruz.

VERACRUZ CON EL PRIMER LUGAR EN TURISMO ELECTORAL

Durante entrevista, María Eugenia Rodríguez, aseguró que el estado de Veracruz tiene el primer lugar a nivel nacional en turismo electoral y también en la compra de votos, lo cual se sabe a través de la denuncia.

Detalló que el turismo electoral es “personas que viven en otro estado que vienen de manera eventual antes del proceso electoral a través de documentos falsos solicitar una credencial de elector y con ello obtener una credencial de Veracruz y venir a votar, ello a cambio de una despensa”.

Dijo que acciones como la anterior representa un abuso por parte de los partidos, ya que se aprovechan de la gente que a cambio de su futuro recibe una despensa o dinero.

Antes de concluir, recordó que la primera denuncia que se recibió en el país que fue en el 2007, Veracruz a la fecha ya suma aproximadamente 2600.

El presidente del Partido Encuentro Social (PES) en Veracruz, Gonzalo Guízar Valladares, afirmó que invitaron a varias mujeres de la sociedad a participar en las contiendas electorales que están en curso, pero algunas les dijeron que no obtuvieron el permiso de sus maridos para poder ser aspirantes a una alcaldía.
 
“El factor principal es que la gente no quiere participar en política, tiene temores y en algunos casos aún no superamos la inercia de la cultura de que la mujer no tiene el permiso a veces del esposo, ese también es un tema importante real que vivimos los partidos políticos, en este caso Encuentro Social, y vamos a apostarle a que las mujeres sean cada vez más participativas”, expresó.

Por ese motivo, dijo, sólo lograron completar 155 de las 212 planillas que pudieron haber logrado en todo el Estado, y en base a la equidad de género, fueron registrados 78 hombres como candidatos a la presidencia municipal, y 77 mujeres.

“No llegamos a los 212 municipios, llegamos a los 155. Todo influye en este proceso para llegar a los 212, sin embargo, seguiremos insistiendo”, refirió.

Además, dijo que al ser un partido reciente no cuentan con prerrogativas estatales, pero que la misma ley les permite una prerrogativa especial que es de un millón 100 mil pesos, misma que se repartirá entre todos los candidatos.

En la tribuna del Congreso Local, la diputada Teresita Zuccolotto llamó a los actores sociales involucrados en los procesos electorales en la entidad a realizar acciones concretas para la eliminación de la violencia política.

Durante la exposición de motivos señaló que en los próximos comicios el cumplimiento efectivo de la paridad de género habrá de sentar las bases para la transformación de la cultura democrática en Veracruz.

Asimismo, refirió que a partir de la aplicación de los nuevos criterios en materia de paridad -por los que candidato propietario y suplente serán del mismo sexo- se ha generado resistencia a la redistribución del poder, que se manifiesta a través de violencia política.

Teresita Zuccolotto, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, expresó además la necesidad de legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en los Códigos Penal y Electoral, en la que se determinen las obligaciones de los partidos políticos, aspirantes, candidatos y servidores públicos en general.

Las leyes son un mecanismo para construir sociedades libres de violencia, de ahí la importancia de eliminar las condiciones que limitan la participación política de las mujeres, manifestó la legisladora.

Finalmente la diputada reconoció que es necesaria una transformación cultural de fondo, para transitar hacia la eliminación efectiva de la violencia política contra las mujeres y  a nombre del Grupo Legislativo del PAN recordó el compromiso de la legislatura para garantizar a las mujeres la capacidad de decidir y dirigir.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz revisará minuciosamente la paridad de género en las planillas que entregaron los partidos políticos para contender por las 212 alcaldías del estado, en disputa el próximo 4 de junio.

En entrevista, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas afirmó que con ello evitarían cualquier sanción contra los integrantes del Consejo General, que inclusive pudiera acarrearles la destitución como ocurrió con sus homólogos de Chiapas.

Vázquez Barajas agregó que el ente comicial montó un operativo logístico en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ubicadas en la calle Clavijero para revisar las más de mil planillas registradas desde el pasado 16 hasta ayer 25 de abril.

“Hay un compromiso del OPLE por la paridad de género, primero vamos a revisar que se cumpla con la paridad vertical, vamos a revisar que 106 mujeres sean candidatas a alcaldesas y lo sean 106 hombres y también vamos a revisar que estén en forma alternada, esto es, que si la candidata a presidenta es mujer, el síndico deberá ser hombre y la regidora primera mujer”, enumeró.

Adicionalmente, dijo, verificarán que los institutos políticos cumplan con la tercera regla que se fijó y que está relacionada con la postulación de candidatos en municipios catalogados como perdedores y ganadores.

“Nos tienen que demostrar que existen 35 mujeres por lo menos en la escala más alta de cada partido en municipios que pueden ganar”, precisó el consejero al añadir que el próximo 30 de abril, sesionará la Comisión de

Juan Manuel Vázquez dio a conocer que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá sesionar el 30 de abril para aprobar el dictamen de procedencia de las solicitudes de candidaturas y al día siguiente, el 1 de mayo, el proyecto deberá ser sometido a votación del Consejo General.

Finalmente negó que puedan prorrogar la aprobación de las candidaturas, pues recordó que el 2 de mayo comienzan las campañas y deben garantizar que los contendientes cuenten con 30 días para buscar el apoyo de la ciudadanía.

Serán 9 los candidatos de los partidos políticos e independientes que se disputarán la alcaldía de Córdoba el próximo 4 de junio, siendo hasta ahora sólo dos mujeres las que participarán en la contienda, aunque falta la persona que abanderará a Movimiento Ciudadano.

La exdiputada federal, Leticia López, candidata del PAN y Georgina Aguilar Rodríguez aspirante por el partido Encuentro Social son las únicas dos mujeres que buscarán ser las primeras alcaldesas en la historia de la ciudad de los 30 caballeros.
 
Será también la primera ocasión que dos candidatos independientes, Mauricio Iván Aguirre Marín, así como Leonardo Palma Ameca, buscarán llegar a dirigir el ayuntamiento cordobés.

Mientras que por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con el Partido Verde, el abanderado será Luis Díaz Barriga, de profesión médico, quién en la pasada administración se desempeñó como Regidor y posteriormente como Sindico Único.
 
Por parte del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), será Juan Martínez, también médico, quien busque ganar la presidencia municipal de Córdoba en las elecciones del 4 de junio, quién desde el pasado domingo se registró en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral.

Pero también el ex rector de la Universidad Tecnologica del Centro de Veracruz, Francisco Rangel Cáceres decidió participar en la contienda llevando las siglas del partido Nueva Alianza.

Mientras que por el Partido del Trabajo, Francisco José Sáenz quien represente a este partido de izquierda, y por parte de Movimiento Ciudadano aún no se da a conocer quién los representarán y que acuda a su registro ante el OPLE local.
 
PRI-PVEM – Luis Díaz Barriga

PAN-PRD – Leticia López

MORENA – Juan Martínez

Nueva Alianza – Francisco Rangel Cáceres

Partido Encuentro Social – Georgina Rodríguez

PT – Juan José Martínez

Independiente Mauricio – Iván Aguirre Marín

Independiente – Leonardo Palma Ameca

Movimiento Ciudadano- Pendiente

Miguel Ángel Chagoya Pérez, ex aspirante a la candidatura del PRI por la alcaldía de Poza Rica, dio a conocer su postura tras ser rechazado por Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del partido el pasado del 22 de abril y tras haber impugnado la decisión, cuando le fue notificado que se asignaba a este municipio el “Acuerdo de Género”.

Este martes, dijo, inició un proceso legal contra el PRI, en materia de protección de derechos ciudadanos ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, el cual tendrá que remitir al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

“Esta medida la hago consciente de las consecuencias, de lo que pudiera dar, pero sobre todo con una manera congruente de mi pensar, que de un principio lo dije ya que muchas veces el inconformarse en una medida de esta que se toma como acto de indisciplina, de deslealtad. Quiero decirles, que lo veo más un acto de compromiso con Miguel Ángel Chagoya y con sus valores y por eso interpuse el recursos de inconformidad y la demanda ante la autoridad responsable, para sentirme satisfecho ante las decisiones que he tomado”, dijo.

Recordó que antes del supuesto Acuerdo de Género, él y tres aspirantes más se registraron y pagaron conforme a los nuevos lineamientos que ha implementado el CDE del PRI, con el cobro de inscripción por 25 mil pesos cada uno.

“Pero luego se les ocurre, a última hora, después de haber emitido la convocatoria respectiva, determinar que este municipio fue asignado para cumplir con lo que es el tema de género. Lo cual no puede ser despues de la convocatoria, si no que tenia que ser antes y los mismos lineamientos establecen que deberían forzosamente establecerse la convocatoria que municipios iban a ser candidatos hombres y candidatas mujeres.

“Tal vez esto fue por la falta de experiencia de la dirigencia estatal y a lo mejor le agarraron las prisas y no pudieron de ver lo que tenían que hacer de manera responsable para evitar situaciones como esta”, advirtió el abogado y político sobre el manejo de asignaciones para candidaturas por el Comité Directivo Estatal del PRI, a cargo de Renato Alarcón, luego que su caso se suma a otros más, en distintos municipios veracruzanos por la misma razón.

Chagoya Pérez reconoció la participación de mujeres en el PRI, de municipios donde no se le otorgó la paridad de género y también hubo inconformidad, negándoles el acceso a una candidatura.

Mientras que, en Poza Rica, expresó su punto de vista en la elección de la candidata virtual del PRI, por el llamado de género, Diana Fabiola Álvarez Salas, a quien le relaciona con otros partidos políticos, pero no con la militancia del PRI.

Aunque reconoció que el resultado de la impugnación, precisamente tras demandar ante el Tribunal Estatal Electoral en el último día del registro de candidatos ante el OPLE, está consciente que de darle una respuesta pueda ser dos semanas después de iniciar la campaña electoral ya no sería favorable para el que pueda ser entonces el candidato, como en un inicio debió haber sido.

 “Esto fractura al partido, deberán asumir sus consecuencias. Jamás me prestaria a ser parte de la planilla como premio de consolación y tendrá que asumir el partido los resultados. Venimos arrastrando muchas cosas como partido y esta inexperiencia de la dirigencia estatal tendrá graves consecuencias. Esto dará resultados en contra, tras darme resultados con retraso de hasta más de 20 días para que la Comisión de Justicia diera una resolución. Lo dejan hasta el último para que el tiempo siga avanzando y lo malo es que tenemos al enemigo adentro, esto es una acción dolosa”, dijo.

 Miguel Ángel Chagoya Pérez está considerando, bajo reflexión, sobre su permanencia en el PRI, lo cual estima que podría renunciar a su militancia, ante más de 35 años de manifestar su lealtad política.

Señaló que es militante desde 1977, como parte de lo que se llamaba Juventud Popular, siendo secretario de Organización, en el periodo del dirigente Toribio Solis.

Fue abogado de la CNOP, en 1982, posteriormente dirigente de esta organización adherida al partido. Fue secretario del Ayuntamiento en el periodo de la ex alcaldesa Eva Izaguirre Camacho; presidente del comité directivo municipal del PRI; Síndico en el periodo del ex alcalde Enrique Basáñez Trevethán; delegado federal en Chiapas de Caminos y Puentes; regidor de la comuna del ex alcalde Alfredo Gándara Andrade y su última función pública como secretario del Ayuntamiento de la actual comuna que preside Sergio Lorenzo Quiroz Cruz.